30 Abr

¿USO ORIENTATIVO DEL BAREMO DE AUTOS?

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El TSJM triplica lo fijado por el baremo en la indemnización a la familia del fallecido al caerle la rama de un árbol en El Retiro

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dictado que la indemnización en el caso de un accidente en el parque de El Retiro de Madrid, en el que falleció un ciudadano al que le cayó una rama de un árbol en 2014, debe ser superior a la fijada por el baremo de Autos. En concreto, determina que la familia del fallecido recibirá 710.000 euros de indemnización, lo que supone casi triplicar la fijada por el baremo.

En una sentencia firme, de la que se hace eco Expansión, el tribunal recuerda que el baremo es obligatorio para los accidentes de tráfico y, en principio, orientativo para el resto de siniestros, pero que no lo será en accidentes graves, como el que juzga en esta ocasión, que quedan al libre arbitrio judicial.

La aseguradora (ZURICH) defendió que el accidente en el que falleció el ciudadano era un “caso fortuito”, sin que interviniera culpa o negligencia del Ayuntamiento de Madrid. Posteriormente, tras emitirse el preceptivo dictamen del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento reconsideró su postura y sostuvo la no aplicación del baremo. Por el contrario, la aseguradora mantuvo la aplicación del baremo ante el juzgado y ante el TSJM, pero ha evitado interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El abogado que ha asesorado a la familia del fallecido, concluye que “fuera del ámbito circulatorio y poniendo en relación el principio básico que los perjudicados deben ser íntegramente reparados con el principio de libre valoración judicial de la prueba, nos movemos en las arenas movedizas del arbitrio judicial (no de la arbitrariedad judicial) que siempre habrá de ser razonable, razonado y acorde a las circunstancias

24 Mar

El gran invalido previo a la ley 35/2015: Lucro cesante

lucro-cesante-bannerEl reconocimiento resarcitorio del lucro cesante extra tabular en los supuestos de grandes inválidos venía siendo admitido cuando concurrieran “circunstancias excepcionales” (STS 20 diciembre 2000). El problema era determinar la situación de carácter excepcional, pues como ha sido señalado, no se concretaba el significado de este concepto, pareciendo una cláusula de posible reserva (De Águila, 2009). Un paso más lo da la STS (Sala 1ª) 2 abril 2001 aunque sobre situación de muerte, se refiere a las circunstancias excepcionales como “las existentes y que estando acreditadas no han sido tomadas en consideración por las reglas tabulares”.

               La paradigmática STS PLENO (Sala 1ª) 25 marzo 2010 [RJ 2010, 1987],-seguida de otras en igual sentido-, merece una exposición detallada, pues es la base fundamental , – junto al carácter orientador de la nueva ley 35/2015-, para la legítima reclamación del lucro cesante excepcional y demás partidas patrimoniales también excepcionales.

               El Fundamento de Derecho Tercero, de dicha sentencia, determina que el lucro cesante ha de ser compensado, resaltando de su contenido los siguientes párrafos:

TERCERO. – La compensación del lucro cesante.

  1. A) El régimen legal de responsabilidad civil por daños causados en la circulación distingue conceptualmente entre la determinación del daño y su cuantificación. …. La cuantificación del daño, según el artículo 1.2 LRCSCVM, debe realizarse «en todo caso con arreglo a los criterios y dentro de los límites indemnizatorios fijados en el anexo de esta ley», ….
  2. B) La determinación del daño se funda en el principio de reparación íntegra de los daños y perjuicios causados. Así se infiere del artículo 1.2 LRCSCVM, el cual define como daños y perjuicios determinantes de responsabilidad «los daños y perjuicios causados a las personas, comprensivos del valor de la pérdida sufrida y de la ganancia que hayan dejado de obtener, previstos, previsibles o que conocidamente se deriven del hecho generador, incluyendo los daños morales». .
  3. C) Con arreglo a este principio de reparación integral del daño causado, el régimen de responsabilidad civil por daños a la persona en accidentes de circulación comprende el lucro cesante. En el ámbito de la determinación del daño, el artículo 1 LRCSCVM incluye en los daños y perjuicios causados a las personas «el valor de la pérdida sufrida y de la ganancia que hayan dejado de obtener». Este sintagma se toma del artículo 1106 CC, el cual se admite pacíficamente que se refiere al lucro cesante. En el ámbito de la cuantificación del daño, el Anexo, primero, 7, establece como circunstancias que se tienen en cuenta para asegurar la total indemnidad de los daños y perjuicios causados «las circunstancias económicas, incluidas las que afecten a la capacidad de trabajo y pérdida de ingresos de la víctima, las circunstancias familiares y personales y la posible existencia de circunstancias excepcionales que puedan servir para la exacta valoración del daño causado». …, el factor de corrección por perjuicios económicos se integra con un porcentaje mínimo y máximo de aumento sobre la indemnización básica respecto de cada tramo en que se fijan los ingresos netos de la víctima calculados anualmente. …Este factor de corrección está ordenado a la reparación del lucro cesante, como demuestra el hecho de que se fija en función del nivel de ingresos de la víctima y se orienta a la reparación de perjuicios económicos. …. El factor de corrección por incapacidad permanente parcial, total o absoluta ha sido interpretado por algunos como un factor que tiene por objeto resarcir el perjuicio patrimonial ligado a los impedimentos permanentes de la actividad laboral. Sin embargo, esta opinión es difícilmente admisible con carácter absoluto, pues la regulación de este factor demuestra que tiene como objeto principal el reparar el daño moral ligado a los impedimentos de cualesquiera ocupaciones o actividades, siempre que merezcan el calificativo de habituales. … La falta de vertebración de los tipos de daño de que adolece el Sistema de valoración impide afirmar que este factor de corrección sólo cubre daños morales y permite aceptar que en una proporción razonable pueda estar destinado a cubrir perjuicios patrimoniales por disminución de ingresos de la víctima; pero no puede aceptarse esta como su finalidad única, ni siquiera principal (en este sentido se ha pronunciado la STS [Social] de 17 de julio de 2007, RCU 4367/2005). En suma, se advierte la existencia de una antinomia entre la consagración del principio de la íntegra reparación para la determinación y la cuantificación de los daños causados a las personas en accidente de circulación, por una parte, y la cuantificación para la indemnización de lucro cesante por disminución de ingresos de la víctima que resulta de la aplicación de los factores de corrección.
  4. E) Una interpretación doctrinal trata de superar esta antinomia poniendo de relieve que el artículo 1.2 LRCSCVM se remite, en primer lugar, a los criterios del Anexo y, en segundo lugar, a los límites indemnizatorios fijados en él. Caben, en consecuencia -se sostiene-, dentro del sistema de cuantificación del daño valoraciones efectuadas de acuerdo con los criterios del Anexo, primero, 7 (entre los que figuran el principio de total indemnidad, pérdida de ingresos de la víctima y posible concurrencia de circunstancias excepcionales) al margen de los límites cuantitativos de las Tablas, en la medida en que se presenten daños no contemplados en ellas. …. …En suma, es aceptable reconocer a los criterios del Anexo primero, 7, el valor de reglas de principio interpretativas y de cobertura de lagunas en las Tablas. ….

imagesF) La STC 181/2000 declaró la inconstitucionalidad del apartado B) de la Tabla V del Anexo de la LRCSCVM (factor de corrección por perjuicios económicos en incapacidades transitorias), entre otras razones, por no ser apto para atender la pretensión de resarcimiento por lucro cesante de las víctimas o perjudicados con arreglo a la prueba suministrada en el proceso e infringirse, con ello, el derecho a la tutela judicial efectiva. … El TC ha considerado, en suma, que la cuestión acerca de la posibilidad de incluir o no el lucro cesante futuro en la reparación de daño corporal sufrido en accidentes de circulación de vehículos de motor es una cuestión de legalidad ordinaria. …Este es el límite que se impone en la jurisdicción ordinaria, en virtud del principio de imperio de la ley, a la que consideramos lógica extensión de la doctrina sentada por el TC en relación con la indemnización por incapacidad temporal (Tabla V) a la indemnización por incapacidad permanente (Tabla IV).

 G) En relación con las situaciones de incapacidad permanente, la solución viene facilitada por el tenor literal de las reglas tabulares…., tiene su justificación sistemática en la aplicación del principio de indemnidad total de la víctima de secuelas permanentes, especialmente en los casos de gran invalidez, dada la gravedad de los supuestos y la dificultad de prever con exactitud todas las circunstancias. En suma, el lucro cesante por disminución de ingresos de la víctima en caso de incapacidad permanente no es susceptible con arreglo al Sistema de valoración de ser resarcido íntegramente, pero sí de ser compensado proporcionalmente (mediante la aplicación del factor de corrección por elementos correctores) por encima de lo que pueda resultar de la aplicación de los factores de corrección por perjuicios económicos y por incapacidad permanente cuando concurran circunstancias que puedan calificarse de excepcionales, ….

 H) La solución que permite la interpretación de la ley aplicable, que seguidamente se desarrollará, puede estimarse, sin duda, no plenamente satisfactoria. Nuestra función es la de establecer cuál es la correcta interpretación de la ley con fines de seguridad jurídica y unificación de criterios en la aplicación de la ley por los tribunales civiles. Esta unificación permitirá al legislador, si lo estima conveniente, adoptar las medidas oportunas para modificar el régimen de indemnización de lucro cesante por daños corporales en accidentes de circulación si considera que éste, cuya interpretación ahora definitivamente fijamos, no es el más adecuado a los intereses generales.

                El Fundamento de Derecho cuarto de la misma sentencia, establece cuales han de ser los requisitos para la indemnización del lucro cesante que haya de ser compensado, resaltando de su contenido los siguientes párrafos:

      “CUARTO. – Requisitos para la indemnización del lucro cesante. De lo razonado se sigue que el factor de corrección de la Tabla IV que permite tener en cuenta los elementos correctores del Anexo, primero, 7, debe aplicarse siempre que:

               1) Se haya probado debidamente la existencia de un grave desajuste entre el factor de corrección por perjuicios económicos y el lucro cesante futuro realmente padecido.

               2) Este no resulte compensado mediante la aplicación de otros factores de corrección, teniendo en cuenta, eventualmente, la proporción en que el factor de corrección por incapacidad permanente pueda considerarse razonablemente que comprende una compensación por la disminución de ingresos…

               A juicio de esta Sala, la aplicación del expresado factor de corrección debe sujetarse, además, a los siguientes principios:

               3) La determinación del porcentaje de aumento debe hacerse de acuerdo con los principios del Sistema y, por ende, acudiendo analógicamente a la aplicación proporcional de los criterios fijados por las Tablas para situaciones que puedan ser susceptibles de comparación. De esto se sigue que la corrección debe hacerse en proporción al grado de desajuste probado, con un límite máximo admisible, que en este caso es el que corresponde a un porcentaje del 75% de incremento de la indemnización básica, pues éste es el porcentaje máximo que se fija en el factor de corrección por perjuicios económicos.

               4) La aplicación del factor de corrección de la Tabla IV sobre elementos correctores para la compensación del lucro cesante ha de entenderse que es compatible con el factor de corrección por perjuicios económicos, en virtud de la regla general sobre compatibilidad de los diversos factores de corrección.

               5) El porcentaje de incremento de la indemnización básica debe ser suficiente para que el lucro cesante futuro quede compensado en una proporción razonable, teniendo en cuenta que el sistema no establece su íntegra reparación, ni ésta es exigible constitucionalmente. En la fijación del porcentaje de incremento debe tenerse en cuenta la suma concedida aplicando el factor de corrección por perjuicios económicos, pues, siendo compatible, se proyecta sobre la misma realidad económica.

               6) El porcentaje de incremento sobre la indemnización básica por incapacidad permanente no puede ser aplicado sobre la indemnización básica concedida por incapacidad temporal, puesto que el Sistema de valoración únicamente permite la aplicación de un factor de corrección por elementos correctores de aumento cuando se trata de lesiones permanentes a las que resulta aplicables la Tabla IV”.

               En definitiva, la reciente doctrina emanada del Tribunal Supremo, se basa en el principio de reparación integra, en términos de “razonabilidad”, y se refiere, en principio, aunque resulta extensible a otras partidas indemnizatorias, a una indemnización del lucro cesante, por pérdida de ingresos de la víctima, en caso de incapacidad permanente, a través de la compensación proporcional, mediante la aplicación del factor de corrección por elementos correctores a que alude el último inciso de la Tabla IV, en relación con el número 7 del apartado primero del Anexo (En igual sentido: SSTS [Sala 1ª) 25 marzo 2003 [RJ 2003, 7286], 25 marzo 2010 [RJ 2010, 1987], 31 mayo 2010 [RJ 2010,2655]).

               Por tanto si se prueba un lucro cesante superior al importe del factor de corrección por perjuicios económicos, es perfectamente posible su indemnización hasta el límite del 75% de la indemnización básica. Aunque el resarcimiento no sea completo, si lo será en los términos razonables que permitan corregir el “grave desajuste” del daño patrimonial y el lucro cesante no compensado, con los factores de corrección de la Tabla IV en los casos de grandes inválidos.

               Este marco jurisprudencial, abrió expresamente el camino, a una esperada modificación legal, que finalmente ha sido plasmada en la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, que reconoce la existencia del lucro cesante en lesiones graves y fallecimiento y establece por vez primera en la legislación positiva, el método para su cálculo

En esta línea, de considerar una herramienta orientativa al nuevo sistema de valoración recién instaurado, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra de 29 de diciembre de 2015. Ponente: Fermín Javier Zubiri Oteiza. aplica al lucro cesante, en supuesto de muerte, el nuevo Baremo de la ley 35/2015, a pesar de ser un siniestro de 2013, y lo hace en su Fundamento de Derecho quinto:

               “Sentado ello, habremos de fijar el importe de la indemnización en base a una valoración global. A tal objeto, estimamos que pueden servir como pauta orientativa los criterios que en relación con el lucro cesante se contemplan en la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, norma esta que, si bien no es aplicable directamente al caso que nos ocupa, e incluso no entrará en vigor hasta el próximo día 1 de enero de 2016, ya ha sido publicada en el BOE del pasado día 23 de septiembre de 2015”.

Jaime Avelino Gonzalez Marin

Abogado.

Responsabilidad civil y seguro

20 Mar

El gran invalido previo a la ley 35/2015: gastos médicos futuros

La reciente publicación de la Ley 35/2015, de 22 de noviembre, de reforma del sistema valorativo, que aumenta de forma considerable las indemnizaciones de los grandes inválidos, ha puesto de manifestó la injusticia que venían padeciendo estos grandes lesionados con el sistema anterior. Este artículo esta realizado, pensando en aquellos grandes inválidos que tuvieron la mala suerte de serlo, por un accidente sufrido antes de la entrada en vigor del nuevo sistema, el día 1 de enero de 2016.

Para estos grandes inválidos, a tenor de la jurisprudencia, es posible la aplicación de la doctrina que el TS mantiene en relación con el lucro cesante, a la indemnización integra de los gastos asistenciales posteriores a la consolidación de las secuelas.       El TS, dice que debe desecharse con carácter general, a la vista de la doctrina jurisprudencial sobre el lucro cesante, la idea de que los gastos asistenciales futuros están excluidos. No es excesivo extraer de esta doctrina, la conclusión de que la doctrina sobre el lucro cesante es, en principio, aplicable a los gastos asistenciales producidos con posterioridad a la consolidación de las secuelas.


En efecto, la producción de estos gastos médicos, constituye una circunstancia no prevista por el legislador, pero que guarda cierta analogía con otras previstas en el Anexo, primero, 7 (como la producción de invalideces concurrentes). En consecuencia, nada impide que sea considerada, como una de las “circunstancias excepcionales que puedan servir para la exacta valoración del daño causado” y así lo entienden las sentencias citadas a continuación. No puede entenderse que el legislador (cualquiera que sea la intención subjetiva de quienes aprobaron la norma) tenga objetivamente el propósito de excluir estos gastos, pues, esta exclusión, podría incurrir en arbitrariedad.

               La STS de 22 de noviembre de 2010 ( RJ 2011, 1310) [RC n.º 400/2006 ], señala que, sin necesidad de acudir a la doctrina sobre el lucro cesante (sentada por el Pleno de esta Sala en STS de 25 de marzo de 2010 ( RJ 2010, 1987) [RC n.º 1741/2004 ] y seguida, entre otras, por la STS de 29 de marzo de 2010 ( RJ 2010, 2536) [RC n.º 40/2005 )], existen razones que apoyan la estimación de la pretensión de resarcimiento de los referidos gastos, «al margen del momento en que el perjudicado deba satisfacerlos, y por tanto, aun cuando se trate de gastos que hayan de abonarse después de alcanzarse la sanidad, una vez que no se ha puesto en duda lo esencial: su nexo causal con el siniestro».

               En particular, la sentencia considera determinante el tenor literal de la regla sexta del apartado Primero del Anexo, según el cual, los gastos de asistencia médica y hospitalaria se han de satisfacer en todo caso, y con independencia, además, de la indemnización obtenida con arreglo a las tablas, siendo también relevante que la regla 7ª señale que la indemnización de los daños psicofísicos ha de entenderse «en su acepción integral de respeto o restauración del derecho a la salud».

               También encuentra acomodo la tesis expuesta en los Principios de Derecho Europeo de Responsabilidad Civil, que consideran daño patrimonial resarcible toda disminución del patrimonio de la víctima causada por el evento dañoso y, al referirse a la indemnización del dicho daño corporal, establecen (artículo 10 :202 ) que dicho daño patrimonial incluye «la pérdida de ingresos, el perjuicio de la capacidad de obtenerlos (incluso si no va acompañado de una pérdida de los mismos) y los gastos razonables, tales como el coste de la atención médica».

               Según la citada sentencia, «este marco normativo ampara la posibilidad de indemnizar como perjuicio patrimonial los gastos sanitarios que traigan causa del accidente, entendidos en sentido amplio, ya se trate de gastos derivados de actos médicos curativos, paliativos del dolor, de rehabilitación, etc.; bien estén encaminados al restablecimiento del derecho a la salud o al menos, dirigidos a asegurar a la víctima un mínimo de calidad de vida en atención a la pérdida de salud que conlleva el menoscabo psicofísico sufrido».

               Así, la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de Junio de 2011. Recurso 1067/2007. Ponente: Juan Antonio Xiol Rios. RJ\2011\4401, concede los gastos de asistencia médica futura en un caso de gran invalidez. El fundamento de derecho Cuarto, es relevante a estos efectos:

               “CUARTO.- Indemnización de los gastos médicos. La STS de 22 de noviembre de 2010 [RC n.º 400/2006 ], dictada en un supuesto como el de autos, en que la AP había descartado la posibilidad de indemnizar los gastos futuros … Señala la citada sentencia que, sin necesidad de acudir a la doctrina sobre el lucro cesante (sentada por el Pleno de esta Sala en STS de 25 de marzo de 2010 [RC n.º 1741/2004 ] y seguida, entre otras, por la STS de 29 de marzo de 2010 [RC n.º 40/2005 )], existen razones que apoyan la estimación de la pretensión de resarcimiento de los referidos gastos, «al margen del momento en que el perjudicado deba satisfacerlos, y por tanto, aun cuando se trate de gastos que hayan de abonarse después de alcanzarse la sanidad, una vez que no se ha puesto en duda lo esencial: su nexo causal con el siniestro». … siendo también relevante que la regla 7ª señale que la indemnización de los daños psicofísicos ha de entenderse «en su acepción integral de respeto o restauración del derecho a la salud».

                También encuentra acomodo la tesis expuesta en los Principios de Derecho Europeo de Responsabilidad Civil, que consideran daño patrimonial resarcible toda disminución del patrimonio de la víctima causada por el evento dañoso y, al referirse a la indemnización del dicho daño corporal, establecen (artículo 10 :202 ) que dicho daño patrimonial incluye «la pérdida de ingresos, el perjuicio de la capacidad de obtenerlos (incluso si no va acompañado de una pérdida de los mismos) y los gastos razonables, tales como el coste de la atención médica». Según la citada sentencia, «este marco normativo ampara la posibilidad de indemnizar como perjuicio patrimonial los gastos sanitarios que traigan causa del accidente, entendidos en sentido amplio, ya se trate de gastos derivados de actos médicos curativos, paliativos del dolor, de rehabilitación, etc.; bien estén encaminados al restablecimiento del derecho a la salud o al menos, dirigidos a asegurar a la víctima un mínimo de calidad de vida en atención a la pérdida de salud que conlleva el menoscabo psicofísico sufrido»… La aplicación de esta doctrina al presente caso determina la estimación de la existencia de la segunda de las infracciones denunciadas. …En atención a lo expuesto, procede revocar en este punto la sentencia recurrida y confirmar el pronunciamiento de primera instancia, contenido en el segundo párrafo del fallo, que condenó a la entidad aseguradora Caser a hacer frente a cuantas facturas se devengaran como consecuencia de la atención médicohospitalaria ya dispensada o que se dispensara en lo sucesivo a D. Ángel en el Hospital “Valencia al Mar”, y a hacer frente a cuantos gastos médicos, hospitalarios, rehabilitadores, ortopédicos, farmacéuticos y similares se generasen en lo sucesivo, siempre que consten debidamente acreditados y se pruebe su vinculación causal con las lesiones y secuelas derivadas del siniestro”.

 La STS de 6 noviembre 2014 (RJ 2014, 5678), en su Fundamento Cuarto, reitera la concesión de los gastos médicos futuros, de la siguiente forma:

               “CUARTO.-…Se estiman los motivos que son objeto de análisis conjunto. La parte recurrente entiende que debieron incluirse, al igual que hizo el Juzgado, los gastos médicos, de medicación y de material fungible, posteriores al alta clínica, en concepto de prótesis, ortopedia funcional y tratamiento farmacológico y fisioterapia. Más concretamente, se trata de nueve productos ortopédicos (zapatos especiales, férula antiequina, silla de ruedas, silla para baño, cama eléctrica, colchón antiescaras, cojín antiescaras, tabla de transferencias y grúa eléctrica), cuatro tipos de asistencia médica (controles médicos, asistencia enfermería para sondajes, fisioterapia de mantenimiento y control psicología y psiquiatría) y, cinco tipos de medicación o material fungible (medicación, colectores de orina, sondas vesicales, antisépticos y material de cura), que precisa el lesionado de forma necesaria, inevitable y durante toda su vida, dadas las circunstancias relacionadas con sus secuelas; y, siendo dichas atenciones sanitarias “absolutamente determinantes para su supervivencia.…               En base a la doctrina jurisprudencial que emana de las sentencias mencionadas, debemos declarar la obligación de hacerse cargo la aseguradora demandada de cuantos gastos médicos, hospitalarios, ortopédicos, farmacéuticos, de rehabilitación o de análoga consideración, se hayan generado a causa del siniestro. En este caso la acreditación proviene del informe pericial del experto designado judicialmente que los evalúa en 462.436,23.- euros. Esta suma es aceptada por la Sala al no poder considerarla arbitraria o ilógica,…”.

               La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil de 27 de mayo de 2015, que expresa que: “en la Tabla IV del Baremo, el anexo emplea la palabra coste para referirse a los estados de coma vigil o vegetativo; expresiones que se refieren no sólo al aspecto económico de mantenimiento del lesionado, sino también al de dedicación y atención continuada en el caso que lo desempeñen personas ligadas con el incapacitado, que no perciban remuneración…Con respecto al factor corrector de grandes inválidos, se puede afirmar igualmente su carácter mixto, de modo que además del daño moral también cubre el patrimonial, y dentro de éste, el daño emergente por gastos que será necesario realizar para atender al incapaz, aunque éstos tengan carácter futuro…pues no es descartable que la clase de secuelas del menor requieran no sólo cuidados permanentes, sino también asistencia médica y hospitalaria periódica o permanente. Procede también puntualizar que la propia tabla IV del baremo incluía entonces -e incluye ahora- como criterio autónomo de valoración los “elementos correctores del apartado primero 7 de este anexo” y que a tal criterio no corresponde como respecto del resto de criterios que componen la tabla IV una cuantificación máxima, en enteros o porcentajes, sino que este criterio se señala “sin cuantificación”. Por consiguiente, en la tabla IV resulta posible tener en cuenta como criterios correctores “sin cuantificación” y, por tanto, sin máximo, los criterios del apartado 1.7, que afirma que “la indemnización por los daños psicofísicos se entiende en su acepción integral de respeto o restauración del derecho a la salud. Para asegurar la total indemnidad de los daños y perjuicios causados se tienen en cuenta, además, las circunstancias económicas, incluidas las que afectan a la capacidad de trabajo y pérdida de ingresos de la víctima, las circunstancias familiares y personales y la posible existencia de circunstancias excepcionales que puedan servir para la exacta valoración del daño causado”. En concreto describía -y describe- como elemento corrector de agravación en las indemnizaciones por lesiones permanentes “la producción de invalideces concurrentes“.

               En todo caso, para accidentes anteriores al día 1 de enero de 2016,  a efectos orientativos, y como único referente baremístico de valoración a estos efectos, nos remitimos, a la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración, en la medida en que, esta norma, se convierte en el referendo legal a la doctrina jurisprudencial ya imperante al tiempo del sinestro, dirigida a aumentar de una forma muy significativas las indemnizaciones de los grandes inválidos y sus extensas consecuencias patrimoniales, en este caso, propias de los gastos médicos futuros, y, porque establece un método contrastado y ya legislado, para su cálculo.

               Muestra de la utilización orientativa de esta nueva norma valorativa, son las resoluciones judiciales dictadas en los primeros meses tras las publicación del en BOE de la ley 35/2015, de 22 de noviembre, respecto a sinestros producidos antes de su entrada en vigor, que toman como referencia valorativa y orientativa el nuevo sistema, como método para valorar el daño emergente y cesante futuro. Una muestra de ellas son las siguientes resoluciones:

               La Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra Sección 1ª de 6 de noviembre de 2015. Ponente: Francisco Javier Valdes Garrido. Que establece la posibilidad de reclamación de sucesivos recambios de prótesis que se precisen utilizar como consecuencia de accidentes de circulación, en atención a que se trata de hecho futuro sobre el que cabe reclamar, dada la existencia real de dicho daño futuro y su factible evaluación a través de un cálculo actuarial, que permita determinar una razonable previsión del gasto. Se toma como referencia interpretadora la reciente Ley 35/2015 de reforma del Sistema de valoración de daños, que viene a ratificar esta postura, al stablecer expresamente el directo resarcimiento al lesionado del importe de las prótesis y órtesis que precise a lo largo de su vida.

              “TERCERO.- …Por lo demás en la reciente Ley 35/2015 de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación (publicada en el BOE de fecha 23/9/2015 y que muy pronto entrará en vigor) se viene a ratificar dicha corriente jurisprudencial, al establecer expresamente en su art. 115, el directo resarcimiento al lesionado del importe de las prótesis y órtesis que precise a lo largo de su vida…, con asimismo previsión final de que el importe de estos gastos se podrá indemnizar en forma de capital utilizándose el correspondiente factor actuarial de conversión establecido en la tabla técnica de coeficientes de capitalización de prótesis y órtesis incluida en las bases técnicas actuariales a las que hace referencia el art. 48 de la citada Ley . Con apoyo en la anterior consideración cabe estimar procedente la indemnización concedida en tal concepto por la Juzgadora de instancia…”.

               La Sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra de 29 de diciembre de 2015. Ponente: Fermín Javier Zubiri Oteiza ya citada, aplica el nuevo Baremo de la ley 35/2015, a un siniestro de 2013, en accidente de circulación, como pauta orientativa.

               Se ha de indicar, tal como lo interpreta la jurisprudencia reciente, que en este caso de los gastos médicos futuros, no juega el límite de 75% –que el Tribunal Supremo considera aplicable al factor de corrección por elementos correctores de aumento cuando se trata de lucro cesante–, pues en este caso, la analogía no se da en relación con los factores relacionados con el lucro patrimonial, sino en relación con la regla general sobre abono de los gastos de asistencia médica, farmacéutica y hospitalaria. Podría entenderse, en consecuencia, que el supuesto se rige por un principio de aproximación racional al importe íntegro del daño previsto.

Jaime Avelino González Marín. (Responsabilidad Civil y Seguro).

 

 

 

 

 

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