20 Mar

El gran invalido previo a la ley 35/2015: gastos médicos futuros

La reciente publicación de la Ley 35/2015, de 22 de noviembre, de reforma del sistema valorativo, que aumenta de forma considerable las indemnizaciones de los grandes inválidos, ha puesto de manifestó la injusticia que venían padeciendo estos grandes lesionados con el sistema anterior. Este artículo esta realizado, pensando en aquellos grandes inválidos que tuvieron la mala suerte de serlo, por un accidente sufrido antes de la entrada en vigor del nuevo sistema, el día 1 de enero de 2016.

Para estos grandes inválidos, a tenor de la jurisprudencia, es posible la aplicación de la doctrina que el TS mantiene en relación con el lucro cesante, a la indemnización integra de los gastos asistenciales posteriores a la consolidación de las secuelas.       El TS, dice que debe desecharse con carácter general, a la vista de la doctrina jurisprudencial sobre el lucro cesante, la idea de que los gastos asistenciales futuros están excluidos. No es excesivo extraer de esta doctrina, la conclusión de que la doctrina sobre el lucro cesante es, en principio, aplicable a los gastos asistenciales producidos con posterioridad a la consolidación de las secuelas.


En efecto, la producción de estos gastos médicos, constituye una circunstancia no prevista por el legislador, pero que guarda cierta analogía con otras previstas en el Anexo, primero, 7 (como la producción de invalideces concurrentes). En consecuencia, nada impide que sea considerada, como una de las “circunstancias excepcionales que puedan servir para la exacta valoración del daño causado” y así lo entienden las sentencias citadas a continuación. No puede entenderse que el legislador (cualquiera que sea la intención subjetiva de quienes aprobaron la norma) tenga objetivamente el propósito de excluir estos gastos, pues, esta exclusión, podría incurrir en arbitrariedad.

               La STS de 22 de noviembre de 2010 ( RJ 2011, 1310) [RC n.º 400/2006 ], señala que, sin necesidad de acudir a la doctrina sobre el lucro cesante (sentada por el Pleno de esta Sala en STS de 25 de marzo de 2010 ( RJ 2010, 1987) [RC n.º 1741/2004 ] y seguida, entre otras, por la STS de 29 de marzo de 2010 ( RJ 2010, 2536) [RC n.º 40/2005 )], existen razones que apoyan la estimación de la pretensión de resarcimiento de los referidos gastos, «al margen del momento en que el perjudicado deba satisfacerlos, y por tanto, aun cuando se trate de gastos que hayan de abonarse después de alcanzarse la sanidad, una vez que no se ha puesto en duda lo esencial: su nexo causal con el siniestro».

               En particular, la sentencia considera determinante el tenor literal de la regla sexta del apartado Primero del Anexo, según el cual, los gastos de asistencia médica y hospitalaria se han de satisfacer en todo caso, y con independencia, además, de la indemnización obtenida con arreglo a las tablas, siendo también relevante que la regla 7ª señale que la indemnización de los daños psicofísicos ha de entenderse «en su acepción integral de respeto o restauración del derecho a la salud».

               También encuentra acomodo la tesis expuesta en los Principios de Derecho Europeo de Responsabilidad Civil, que consideran daño patrimonial resarcible toda disminución del patrimonio de la víctima causada por el evento dañoso y, al referirse a la indemnización del dicho daño corporal, establecen (artículo 10 :202 ) que dicho daño patrimonial incluye «la pérdida de ingresos, el perjuicio de la capacidad de obtenerlos (incluso si no va acompañado de una pérdida de los mismos) y los gastos razonables, tales como el coste de la atención médica».

               Según la citada sentencia, «este marco normativo ampara la posibilidad de indemnizar como perjuicio patrimonial los gastos sanitarios que traigan causa del accidente, entendidos en sentido amplio, ya se trate de gastos derivados de actos médicos curativos, paliativos del dolor, de rehabilitación, etc.; bien estén encaminados al restablecimiento del derecho a la salud o al menos, dirigidos a asegurar a la víctima un mínimo de calidad de vida en atención a la pérdida de salud que conlleva el menoscabo psicofísico sufrido».

               Así, la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de Junio de 2011. Recurso 1067/2007. Ponente: Juan Antonio Xiol Rios. RJ\2011\4401, concede los gastos de asistencia médica futura en un caso de gran invalidez. El fundamento de derecho Cuarto, es relevante a estos efectos:

               “CUARTO.- Indemnización de los gastos médicos. La STS de 22 de noviembre de 2010 [RC n.º 400/2006 ], dictada en un supuesto como el de autos, en que la AP había descartado la posibilidad de indemnizar los gastos futuros … Señala la citada sentencia que, sin necesidad de acudir a la doctrina sobre el lucro cesante (sentada por el Pleno de esta Sala en STS de 25 de marzo de 2010 [RC n.º 1741/2004 ] y seguida, entre otras, por la STS de 29 de marzo de 2010 [RC n.º 40/2005 )], existen razones que apoyan la estimación de la pretensión de resarcimiento de los referidos gastos, «al margen del momento en que el perjudicado deba satisfacerlos, y por tanto, aun cuando se trate de gastos que hayan de abonarse después de alcanzarse la sanidad, una vez que no se ha puesto en duda lo esencial: su nexo causal con el siniestro». … siendo también relevante que la regla 7ª señale que la indemnización de los daños psicofísicos ha de entenderse «en su acepción integral de respeto o restauración del derecho a la salud».

                También encuentra acomodo la tesis expuesta en los Principios de Derecho Europeo de Responsabilidad Civil, que consideran daño patrimonial resarcible toda disminución del patrimonio de la víctima causada por el evento dañoso y, al referirse a la indemnización del dicho daño corporal, establecen (artículo 10 :202 ) que dicho daño patrimonial incluye «la pérdida de ingresos, el perjuicio de la capacidad de obtenerlos (incluso si no va acompañado de una pérdida de los mismos) y los gastos razonables, tales como el coste de la atención médica». Según la citada sentencia, «este marco normativo ampara la posibilidad de indemnizar como perjuicio patrimonial los gastos sanitarios que traigan causa del accidente, entendidos en sentido amplio, ya se trate de gastos derivados de actos médicos curativos, paliativos del dolor, de rehabilitación, etc.; bien estén encaminados al restablecimiento del derecho a la salud o al menos, dirigidos a asegurar a la víctima un mínimo de calidad de vida en atención a la pérdida de salud que conlleva el menoscabo psicofísico sufrido»… La aplicación de esta doctrina al presente caso determina la estimación de la existencia de la segunda de las infracciones denunciadas. …En atención a lo expuesto, procede revocar en este punto la sentencia recurrida y confirmar el pronunciamiento de primera instancia, contenido en el segundo párrafo del fallo, que condenó a la entidad aseguradora Caser a hacer frente a cuantas facturas se devengaran como consecuencia de la atención médicohospitalaria ya dispensada o que se dispensara en lo sucesivo a D. Ángel en el Hospital “Valencia al Mar”, y a hacer frente a cuantos gastos médicos, hospitalarios, rehabilitadores, ortopédicos, farmacéuticos y similares se generasen en lo sucesivo, siempre que consten debidamente acreditados y se pruebe su vinculación causal con las lesiones y secuelas derivadas del siniestro”.

 La STS de 6 noviembre 2014 (RJ 2014, 5678), en su Fundamento Cuarto, reitera la concesión de los gastos médicos futuros, de la siguiente forma:

               “CUARTO.-…Se estiman los motivos que son objeto de análisis conjunto. La parte recurrente entiende que debieron incluirse, al igual que hizo el Juzgado, los gastos médicos, de medicación y de material fungible, posteriores al alta clínica, en concepto de prótesis, ortopedia funcional y tratamiento farmacológico y fisioterapia. Más concretamente, se trata de nueve productos ortopédicos (zapatos especiales, férula antiequina, silla de ruedas, silla para baño, cama eléctrica, colchón antiescaras, cojín antiescaras, tabla de transferencias y grúa eléctrica), cuatro tipos de asistencia médica (controles médicos, asistencia enfermería para sondajes, fisioterapia de mantenimiento y control psicología y psiquiatría) y, cinco tipos de medicación o material fungible (medicación, colectores de orina, sondas vesicales, antisépticos y material de cura), que precisa el lesionado de forma necesaria, inevitable y durante toda su vida, dadas las circunstancias relacionadas con sus secuelas; y, siendo dichas atenciones sanitarias “absolutamente determinantes para su supervivencia.…               En base a la doctrina jurisprudencial que emana de las sentencias mencionadas, debemos declarar la obligación de hacerse cargo la aseguradora demandada de cuantos gastos médicos, hospitalarios, ortopédicos, farmacéuticos, de rehabilitación o de análoga consideración, se hayan generado a causa del siniestro. En este caso la acreditación proviene del informe pericial del experto designado judicialmente que los evalúa en 462.436,23.- euros. Esta suma es aceptada por la Sala al no poder considerarla arbitraria o ilógica,…”.

               La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil de 27 de mayo de 2015, que expresa que: “en la Tabla IV del Baremo, el anexo emplea la palabra coste para referirse a los estados de coma vigil o vegetativo; expresiones que se refieren no sólo al aspecto económico de mantenimiento del lesionado, sino también al de dedicación y atención continuada en el caso que lo desempeñen personas ligadas con el incapacitado, que no perciban remuneración…Con respecto al factor corrector de grandes inválidos, se puede afirmar igualmente su carácter mixto, de modo que además del daño moral también cubre el patrimonial, y dentro de éste, el daño emergente por gastos que será necesario realizar para atender al incapaz, aunque éstos tengan carácter futuro…pues no es descartable que la clase de secuelas del menor requieran no sólo cuidados permanentes, sino también asistencia médica y hospitalaria periódica o permanente. Procede también puntualizar que la propia tabla IV del baremo incluía entonces -e incluye ahora- como criterio autónomo de valoración los “elementos correctores del apartado primero 7 de este anexo” y que a tal criterio no corresponde como respecto del resto de criterios que componen la tabla IV una cuantificación máxima, en enteros o porcentajes, sino que este criterio se señala “sin cuantificación”. Por consiguiente, en la tabla IV resulta posible tener en cuenta como criterios correctores “sin cuantificación” y, por tanto, sin máximo, los criterios del apartado 1.7, que afirma que “la indemnización por los daños psicofísicos se entiende en su acepción integral de respeto o restauración del derecho a la salud. Para asegurar la total indemnidad de los daños y perjuicios causados se tienen en cuenta, además, las circunstancias económicas, incluidas las que afectan a la capacidad de trabajo y pérdida de ingresos de la víctima, las circunstancias familiares y personales y la posible existencia de circunstancias excepcionales que puedan servir para la exacta valoración del daño causado”. En concreto describía -y describe- como elemento corrector de agravación en las indemnizaciones por lesiones permanentes “la producción de invalideces concurrentes“.

               En todo caso, para accidentes anteriores al día 1 de enero de 2016,  a efectos orientativos, y como único referente baremístico de valoración a estos efectos, nos remitimos, a la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración, en la medida en que, esta norma, se convierte en el referendo legal a la doctrina jurisprudencial ya imperante al tiempo del sinestro, dirigida a aumentar de una forma muy significativas las indemnizaciones de los grandes inválidos y sus extensas consecuencias patrimoniales, en este caso, propias de los gastos médicos futuros, y, porque establece un método contrastado y ya legislado, para su cálculo.

               Muestra de la utilización orientativa de esta nueva norma valorativa, son las resoluciones judiciales dictadas en los primeros meses tras las publicación del en BOE de la ley 35/2015, de 22 de noviembre, respecto a sinestros producidos antes de su entrada en vigor, que toman como referencia valorativa y orientativa el nuevo sistema, como método para valorar el daño emergente y cesante futuro. Una muestra de ellas son las siguientes resoluciones:

               La Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra Sección 1ª de 6 de noviembre de 2015. Ponente: Francisco Javier Valdes Garrido. Que establece la posibilidad de reclamación de sucesivos recambios de prótesis que se precisen utilizar como consecuencia de accidentes de circulación, en atención a que se trata de hecho futuro sobre el que cabe reclamar, dada la existencia real de dicho daño futuro y su factible evaluación a través de un cálculo actuarial, que permita determinar una razonable previsión del gasto. Se toma como referencia interpretadora la reciente Ley 35/2015 de reforma del Sistema de valoración de daños, que viene a ratificar esta postura, al stablecer expresamente el directo resarcimiento al lesionado del importe de las prótesis y órtesis que precise a lo largo de su vida.

              “TERCERO.- …Por lo demás en la reciente Ley 35/2015 de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación (publicada en el BOE de fecha 23/9/2015 y que muy pronto entrará en vigor) se viene a ratificar dicha corriente jurisprudencial, al establecer expresamente en su art. 115, el directo resarcimiento al lesionado del importe de las prótesis y órtesis que precise a lo largo de su vida…, con asimismo previsión final de que el importe de estos gastos se podrá indemnizar en forma de capital utilizándose el correspondiente factor actuarial de conversión establecido en la tabla técnica de coeficientes de capitalización de prótesis y órtesis incluida en las bases técnicas actuariales a las que hace referencia el art. 48 de la citada Ley . Con apoyo en la anterior consideración cabe estimar procedente la indemnización concedida en tal concepto por la Juzgadora de instancia…”.

               La Sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra de 29 de diciembre de 2015. Ponente: Fermín Javier Zubiri Oteiza ya citada, aplica el nuevo Baremo de la ley 35/2015, a un siniestro de 2013, en accidente de circulación, como pauta orientativa.

               Se ha de indicar, tal como lo interpreta la jurisprudencia reciente, que en este caso de los gastos médicos futuros, no juega el límite de 75% –que el Tribunal Supremo considera aplicable al factor de corrección por elementos correctores de aumento cuando se trata de lucro cesante–, pues en este caso, la analogía no se da en relación con los factores relacionados con el lucro patrimonial, sino en relación con la regla general sobre abono de los gastos de asistencia médica, farmacéutica y hospitalaria. Podría entenderse, en consecuencia, que el supuesto se rige por un principio de aproximación racional al importe íntegro del daño previsto.

Jaime Avelino González Marín. (Responsabilidad Civil y Seguro).

 

 

 

 

 

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